Cuba necesita libertad, no venganza

Más de seis décadas después, Cuba necesita cerrar el ciclo de las sanciones externas y, al mismo tiempo, el de un poder político que convirtió la permanencia en el gobierno en una forma de vida. La salida no debe ser la violencia, sino una transición democrática, soberana y sin venganzas.

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Por la Dirección

Cuba está atrapada entre dos realidades que no pueden seguir siendo ignoradas.

Una es externa. El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1962 y el conjunto de sanciones que han limitado durante décadas el acceso de la isla a financiamiento, mercados, tecnología, inversiones y determinadas relaciones comerciales.

La otra es interna. Un sistema político que durante más de seis décadas ha concentrado el poder, restringido el pluralismo, limitado las libertades públicas y colocado al Partido Comunista como centro prácticamente absoluto de la vida política nacional.

Pretender explicar toda la tragedia cubana solamente por el embargo es una simplificación.

Pretender que las sanciones no han causado daño también sería una falsedad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a reclamar en octubre de 2025 el fin del embargo estadounidense, por 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. La propia ONU ha señalado reiteradamente las consecuencias que las restricciones económicas tienen sobre la población cubana.

Pero hay una pregunta que Cuba tiene que hacerse mirando hacia adentro: ¿Qué parte de sus problemas puede atribuirse a Washington y qué parte corresponde a las decisiones tomadas durante más de seis décadas por quienes han gobernado la isla?

Esa pregunta ya no puede ser considerada una traición. Es una necesidad nacional. 

Y sí, ciertamente el embargo hizo y hace daño. Pero no puede ser la explicación para todo.

El embargo ha encarecido operaciones comerciales, restringido fuentes de financiamiento y dificultado determinadas importaciones, inversiones y transferencias tecnológicas. Su carácter extraterritorial también ha generado obstáculos para empresas de terceros países que mantienen relaciones con Cuba.

Eso tiene consecuencias reales. Y quienes defienden la libertad de Cuba no tienen por qué defender el embargo.

Al contrario, una Cuba libre debería tener derecho a comerciar con Estados Unidos, con América Latina, con Europa, con China, con Rusia y con el resto del mundo sin que una potencia extranjera determine con quién puede relacionarse.

Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer el impacto de las sanciones y convertirlas en una explicación universal. La crisis cubana también tiene raíces internas.

La economía estatal excesivamente centralizada, la escasa competencia, las restricciones al sector privado, la falta de incentivos, los controles burocráticos, la insuficiente autonomía empresarial y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas han contribuido a debilitar la capacidad productiva del país.

Y cuando una sociedad no puede discutir libremente esas políticas, corregirlas mediante elecciones competitivas o exigir responsabilidades a sus gobernantes, el problema deja de ser exclusivamente económico. Y, entonces, se convierte en político.