Cinco vehículos, dos detenidos y demasiadas preguntas sobre el robo de televisores en Bayaguan

Por Margarita de la Rosa

Cinco vehículos. Decenas de televisores sacados durante la madrugada de un complejo deportivo. Un desplazamiento que, según Juan Hubieres, quedó registrado en videos y fotografías. Días después, dos hombres apresados y 21 de los aparatos recuperados.

Esos datos, puestos uno al lado del otro, explican quizás mejor que cualquier discurso por qué el robo ocurrido en la Villa Olímpica de Bayaguana se resiste a salir de la conversación pública.

La Policía Nacional informó el 2 de septiembre el apresamiento de dos hombres presuntamente vinculados al hecho y la recuperación de 21 televisores de 55 pulgadas durante un allanamiento en La Ureña, Santo Domingo Este. Las autoridades identificaron a Álvaro Martín Ubiera Robles, alias “Buligüi”, y Walfer David Reyes Concepción como los detenidos.

Hasta ahí, existe una actuación oficial concreta que debe reconocerse. Pero también existen preguntas.

Juan Hubieres ha asegurado públicamente que posee videos y fotografías de los recorridos de cinco vehículos que, según sus declaraciones, participaron en la operación. Después de conocerse los apresamientos, volvió sobre el tema y sostuvo que el esclarecimiento del robo de los televisores no debía cerrar una investigación que, a su juicio, tendría ramificaciones mucho mayores.

Y es precisamente ahí donde comienza mi reflexión. No tengo elementos para afirmar quiénes participaron más allá de las personas que las autoridades han identificado. Mucho menos para atribuir responsabilidades a funcionarios, policías, empresarios o cualquier otro sector. Eso corresponde al Ministerio Público y a los organismos de investigación.

Pero las denuncias hechas por Hubieres son demasiado graves y demasiado específicas como para responderlas únicamente con silencio.

Antes incluso de los arrestos, el dirigente había acusado públicamente a miembros del DICRIM de Bayaguana y había afirmado que detrás de la delincuencia que golpea al municipio existirían personas de “altos niveles económicos”, cuyos nombres dijo reservarse. También aseguró que en los últimos meses se habían registrado más de 14 hechos criminales en la zona y pidió la intervención de la Policía Nacional, Interior y Policía y la Procuraduría General de la República. Estas son acusaciones de Hubieres, no hechos establecidos judicialmente.

Posteriormente fue todavía más lejos. En otro audiovisual afirmó que un funcionario gubernamental le había comunicado que el caso de los televisores estaba resuelto, pero insistió en que, para él, ese no era el problema principal. Planteó entonces denuncias sobre supuestas estructuras vinculadas al robo, el sicariato, los atracos y el narcotráfico en Monte Plata. Nuevamente: son afirmaciones suyas que requieren investigación y pruebas; no me corresponde presentarlas como hechos comprobados.

Sin embargo, resulta imposible ignorar el efecto que estas declaraciones están provocando. Lo estoy viendo en estos mismos días. En reuniones familiares, entre profesionales y hasta entre pacientes que esperan turno en la sala de un centro médico, el tema aparece.

Bayaguanenses y personas que conocen la realidad de la provincia hacen prácticamente la misma pregunta: ¿Fueron solamente esos dos?. La pregunta no prueba absolutamente nada. Pero revela algo preocupante: el nivel de incredulidad que se ha instalado en una parte importante de la población.

Las redes sociales amplifican todavía más esa percepción. Cada nueva declaración de Juan Hubieres genera comentarios que repiten, con distintas palabras, una misma sospecha: que “no son todos los que son ni están todos los que están”.

Las autoridades no deben interpretar esa reacción popular como una sentencia ni dejarse arrastrar por ella. Las redes sociales no sustituyen un expediente, una prueba pericial ni una investigación del Ministerio Público. Pero tampoco deberían ignorarla. Porque cuando una investigación oficial consigue recuperar 21 televisores y apresar a dos personas, pero una parte importante de la sociedad continúa preguntándose quiénes más participaron, el problema deja de ser solamente policial. Se convierte también en un problema de confianza institucional.

Y hay una pregunta particularmente sencilla que merece respuesta: si, como afirma Hubieres, existen imágenes de cinco vehículos desplazándose durante la operación, ¿quiénes iban en esos vehículos?, ¿a quién pertenecían?, ¿qué función desempeñó cada uno y qué establecieron las investigaciones sobre ellos?

Preguntar eso no es acusar. Es pedir que una investigación llegue hasta donde conduzcan las evidencias. Más aún en Bayaguana, donde este robo no ocurrió en un vacío social, sino en medio de una preocupación acumulada por robos, atracos, hechos violentos y denuncias sobre sicariato que desde hace tiempo mantienen inquieta a parte de la población.

Por eso creo que el mayor servicio que pueden hacer las autoridades en este momento no consiste únicamente en exhibir los televisores recuperados ni en presentar a los primeros detenidos. Consiste en explicar. Explicar cómo se ejecutó el robo. Cuántas personas participaron. Cuántos vehículos fueron utilizados. Quién los consiguió. Quién planificó la operación. Quién sabía dónde estaban almacenados los aparatos. Cómo llegaron desde Bayaguana hasta Santo Domingo Este. Y, sobre todo, establecer si los dos apresados constituyen toda la estructura responsable o solamente una parte de ella.

Y respecto de las gravísimas denuncias formuladas públicamente por Juan Hubieres, solamente existen dos caminos institucionalmente saludables: investigarlas y establecer responsabilidades, si tienen fundamento; o desmentirlas con resultados y evidencias, si no lo tienen.

Lo que no parece conveniente es dejarlas flotando indefinidamente sobre una población que ya viene cargando demasiada desconfianza.

Porque recuperar los televisores es importante. Pero recuperar la confianza de una ciudadanía que comienza a dudar de casi todo puede resultar muchísimo más difícil.