La salud dominicana: ¿derecho, seguridad social o un gran negocio?
Por Margarita de la Rosa
Hay una pregunta que comienza a imponerse cada vez con más fuerza entre los dominicanos: cuando hablamos de seguridad social en salud, ¿quién está realmente en el centro del sistema?
La respuesta debería ser sencilla: el paciente. Para eso cotiza el trabajador, aporta el empleador y participa el Estado; para eso existen las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), los prestadores de servicios, SENASA y organismos públicos encargados de regular, supervisar y garantizar derechos.
Sin embargo, basta escuchar las quejas que diariamente circulan entre afiliados y pacientes para descubrir una realidad mucho menos tranquilizadora: autorizaciones que se complican, procedimientos que no se cubren completamente, diferencias que salen del bolsillo, medicamentos excluidos, estudios sujetos a aprobación y familias que, aun teniendo seguro, terminan buscando dinero para poder enfrentar una enfermedad.
A eso se suman las denuncias y cuestionamientos sobre la calidad de determinados servicios de salud. Y entonces el problema adquiere otra dimensión: ya no se trata solamente de cuánto cubre un seguro, sino de qué ocurre cuando el ciudadano entra a un establecimiento de salud y quién responde cuando la atención recibida resulta deficiente.
En medio de este escenario, un reciente estudio de la Fundación Juan Bosch, titulado Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS, coloca sobre la mesa cifras que merecen ser conocidas, discutidas y, sobre todo, contrastadas públicamente.
Los investigadores Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro señalan que una parte importante de sus cálculos se sustenta en datos oficiales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Uno de los datos que más llama la atención corresponde al período 2010-2024. Según el estudio, durante esos años el Seguro Familiar de Salud canalizó RD$597,659 millones hacia prestadores privados, frente a RD$144,856 millones destinados a prestadores públicos.
En términos porcentuales, los investigadores calculan una distribución de 80.5 % para los privados y 19.5 % para los públicos.
La cifra obliga a preguntar: ¿qué consecuencias tiene esa distribución sobre la capacidad de los hospitales y demás establecimientos públicos para ofrecer servicios oportunos y de calidad?
Pero hay más.
El estudio señala que, dentro del propio Régimen Subsidiado de SENASA, la proporción de recursos destinada a prestadores privados habría aumentado de 21 % en 2010 a 66.9 % en 2024. Los autores cuestionan esa evolución a la luz de lo establecido en la Ley 87-01.
Estamos hablando del régimen concebido precisamente para proteger a una población particularmente vulnerable. Entonces cabe otra pregunta: ¿estamos fortaleciendo la red pública de salud o estamos utilizando cada vez más recursos de la seguridad social para sostener servicios privados que el Estado no ha sido capaz de garantizar adecuadamente a través de su propia estructura? Las cifras relacionadas con las ARS también merecen atención.
De acuerdo con los cálculos presentados en la investigación, durante 2025 las ARS privadas recibieron RD$55,865.9 millones del Seguro Familiar de Salud, registraron RD$2,678.1 millones en beneficios y RD$5,882.3 millones en gastos generales y administrativos no destinados directamente a servicios de salud.
Los investigadores suman beneficios y gastos administrativos acumulados entre 2007 y 2025 y calculan RD$87,650.3 millones, cantidad que califican como el “costo social” de la intermediación.
Es importante hacer una precisión. Esa denominación corresponde a los autores del estudio. Pero las cifras que presentan ameritan una explicación y un debate público serio. Porque mientras hablamos de miles de millones de pesos, del otro lado de la ventanilla está el ciudadano.
Está quien recibe la noticia de que determinado procedimiento necesita otra autorización. Quien descubre que su póliza no cubre todo lo indicado. Quien debe pagar una diferencia que no tenía contemplada. Quien sale de una consulta buscando dónde conseguir el dinero para completar medicamentos, análisis o estudios.
Y surge inevitablemente una pregunta: ¿En qué momento la seguridad social dejó de medirse por la seguridad que siente el paciente y comenzó a medirse por la cantidad de dinero que mueve el sistema?
Hay otro dato del estudio que merece especial atención. Los investigadores señalan que en 2025 unos 185,159 empleados públicos, equivalentes al 31.5 % del universo de titulares públicos considerado en su análisis, permanecían afiliados a ARS privadas. Los autores relacionan esa situación con las disposiciones de la Ley 87-01 y con la sentencia TC/0573/18 del Tribunal Constitucional.
Si existe un marco jurídico sobre esta materia, corresponde preguntar: ¿por qué persiste esa situación? ¿Quién debe hacer cumplir esas disposiciones?
Y llegamos entonces a un punto que quizás sea todavía más importante que la discusión sobre públicos y privados.
¿Quién vigila al sistema?
Porque la seguridad social dominicana posee organismos reguladores, supervisores, administradores, prestadores, consejos, normas, leyes, reglamentos y mecanismos de reclamación.
Pero cuando el ciudadano siente vulnerado un derecho, la arquitectura institucional que luce tan organizada sobre el papel puede convertirse en un laberinto.
La ARS puede señalar al prestador. El prestador puede señalar las limitaciones de cobertura. El afiliado puede acudir a los organismos correspondientes. Se abren reclamaciones, se solicitan documentos, se investigan expedientes.
Mientras tanto, el paciente sigue enfermo. Y ahí está, a nuestro juicio, el corazón del problema.
No se trata de demonizar al médico que trabaja, muchas veces bajo enormes presiones. Tampoco de afirmar que todo centro privado presta malos servicios, ni que toda ARS incumple sus obligaciones. Mucho menos de desconocer las limitaciones que también afectan a los establecimientos públicos.
Se trata de algo mucho más elemental: ¿Funciona el sistema para proteger efectivamente al ciudadano cuando más lo necesita?
Porque una seguridad social que recauda eficientemente, administra miles de millones de pesos y mantiene una enorme estructura institucional, pero que deja al paciente indefenso frente a determinados conflictos, necesita revisarse desde sus cimientos.
Las cifras de la Fundación Juan Bosch constituyen la interpretación y los cálculos de una investigación cuyos planteamientos pueden y deben ser debatidos. Las ARS, SISALRIL, SENASA, los prestadores y las demás autoridades tienen derecho a ofrecer sus explicaciones y presentar sus propios datos.
Eso también forma parte de una sociedad democrática.
Pero existe una realidad que ninguna estadística debería esconder: la seguridad social no fue creada para garantizar primero la tranquilidad financiera de quienes participan en el sistema. Fue creada para proporcionar seguridad al ser humano.
Por eso, quizás la discusión que necesita el país no sea solamente cuánto reciben las ARS, cuánto facturan las clínicas o cuánto dinero administra SENASA.
Hay una pregunta anterior a todas ellas: ¿Cuánto de todo ese dinero se convierte finalmente en tranquilidad, protección, oportunidad y calidad para el paciente?
Porque si todos los actores aseguran trabajar para él, si todas las instituciones dicen defender sus derechos y si todo el engranaje existe supuestamente para protegerlo, entonces alguien tendrá que explicar una contradicción
que cada día resulta más difícil ignorar: ¿Por qué tantas veces el paciente termina siendo la parte más débil del sistema?
