La diputada pone contra la pared al MINERD y reclama cifras claras sobre los estudiantes sin aulas, las listas de espera y la capacidad real de cada centro educativo.

SANTO DOMINGO, R.D.

Ante las denuncias de familias que, con el año escolar 2026-2027 ya iniciado, todavía buscan un cupo para sus hijos, la diputada por la Circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Selinée Méndez, exigió al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) dejar las cifras generales y publicar, escuela por escuela, la situación real de los cupos escolares.

Méndez cuestionó la enorme brecha entre las cifras divulgadas por el MINERD y las estimaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre el déficit de espacios en las escuelas públicas, y reclamó al Gobierno explicar qué está contando, cómo lo está contando y cuántos estudiantes permanecen realmente fuera de las aulas.

“El MINERD llegó a reconocer inicialmente alrededor de 9 mil estudiantes pendientes de cupo y posteriormente redujo esa cifra a unos 6 mil. Mientras tanto, la ADP ha advertido que cerca de 474 mil estudiantes podrían enfrentar dificultades de acceso al sistema educativo”, señaló la legisladora.

De acuerdo con las estimaciones de la ADP citadas por Méndez, unos 153 mil niños de tres años podrían quedar fuera de las aulas, mientras más de 321 mil estudiantes de otros niveles enfrentarían dificultades para conseguir un cupo.

Para la diputada, semejante disparidad no puede despacharse con una cifra nacional.

“El país necesita saber con precisión qué mide cada cifra, cuál es la metodología utilizada y, sobre todo, cuál es la situación real del déficit de cupos escolares”, afirmó.

Méndez advirtió que las cifras podrían corresponder a universos diferentes —como solicitudes registradas, demanda potencial o déficit acumulado por falta de infraestructura—, pero precisamente por eso, dijo, el MINERD tiene la obligación de explicar la metodología, el universo utilizado y la fecha de corte de cada reporte.

“No basta con anunciar una cifra nacional. El país y las familias tienen derecho a saber cuántos estudiantes solicitaron inscripción, cuántos fueron ubicados, cuántos permanecen en lista de espera y qué solución concreta se ofrecerá en cada centro educativo”, sostuvo.

Escuela por escuela, sin maquillaje

En ese sentido, la legisladora solicitó al MINERD publicar, por regional, distrito y centro educativo, la capacidad disponible, la matrícula registrada, las solicitudes de nuevo ingreso y reinscripción, los estudiantes asignados o reubicados, las listas de espera y las medidas temporales adoptadas para garantizar la docencia.

También pidió identificar las escuelas paralizadas o pendientes de terminación y establecer un cronograma público para su entrega.

Méndez manifestó especial preocupación por la estimación de la ADP, que sitúa en hasta 28 mil aulas el déficit del sistema educativo nacional, cifra que contrasta significativamente con el inventario oficial de infraestructura escolar presentado por el MINERD.

“Debe haber absoluta transparencia y claridad en las cifras ofrecidas. Solo a partir de datos confiables y verificables podremos determinar la verdadera magnitud del problema y adoptar soluciones eficaces que garanticen el acceso de nuestros estudiantes a una educación digna y de calidad”, afirmó.

De las filas a las garantías

La congresista recordó que desde 2024 impulsa el Proyecto de Ley de Garantía de Inscripción y Sanciones por Negligencia en la Provisión de Cupos Educativos en las Escuelas Públicas, iniciativa que procura establecer la reinscripción automática y continua de los estudiantes ya inscritos, crear un sistema centralizado y transparente de inscripción y responsabilizar a las autoridades por fallas administrativas que vulneren el acceso a la educación.

“Esta situación confirma que el país necesita pasar de soluciones improvisadas a garantías permanentes. Ninguna familia debería comenzar cada año escolar haciendo filas, buscando influencias o temiendo que sus hijos pierdan el cupo que ya habían obtenido”, declaró.

Finalmente, Méndez recordó que el acceso a la educación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 63 de la Constitución y una obligación indelegable del Estado.

“Detrás de cada cifra hay un niño y una familia que esperan una respuesta. Un solo estudiante fuera de las aulas ya es demasiado. La educación no es un favor: es un derecho, y el Gobierno tiene la obligación de garantizarlo”, concluyó.