Gobierno recibe fuego por plan anticrisis y en las calles lo califican como un «nocaut» a los bolsillos

Buenos días…

El mundo sigue caminando sobre una cuerda floja. Oriente Medio continúa siendo un polvorín y, aunque se multiplican los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor entre Israel, Estados Unidos e Irán, la incertidumbre sigue dominando el escenario internacional.

El presidente Donald Trump insiste en proyectarse como el hombre de la negociación y la presión simultáneas. Irán, por su parte, también parece inclinarse por una salida política, aunque sin renunciar a su acostumbrado discurso desafiante.

Lo cierto es que, después de tanta tensión, una conclusión parece imponerse: en ese conflicto nadie ganó. Hubo muertos, destrucción y pérdidas para todos. El único derrotado, indiscutible fue el mundo.

Y ahora vamos a otro tema.

A ciertas bocinas que andan desesperadas buscando etiquetas para desacreditar opiniones ajenas, les respondemos sin rodeos: sí, simpatizamos con muchas de las políticas impulsadas por el presidente Trump. Especialmente las dirigidas a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal y la corrupción.

Pero surge una pregunta incómoda para algunos: ¿quiénes cobraban realmente fondos internacionales para promover determinadas agendas políticas y sociales? ¿Quiénes recibían recursos y para qué los utilizaban? Son preguntas legítimas que merecen respuestas transparentes.

Y a quienes se incomodan con nuestra posición, les dejamos otra interrogante: ¿usted combate el narcotráfico o mira hacia otro lado? ¿Sus líderes cumplen lo que prometen o viven de discursos reciclados? Ahí está la diferencia.

Pasemos ahora a la libertad de expresión.

Los casos de La Tora, Ángel Martínez y Rafael Guerrero han reabierto un viejo debate sobre las garantías reales para quienes ejercen la comunicación crítica.

Independientemente de las opiniones que puedan generar estas figuras, muchos observan con preocupación el uso de mecanismos judiciales, políticos o mediáticos contra voces incómodas.

Ángel Martínez, por ejemplo, sostiene públicamente que teme por su seguridad y ha señalado responsables potenciales si llegara a sufrir algún atentado o incidente.

Esas afirmaciones son de su exclusiva responsabilidad. Nosotros no las respaldamos ni las rechazamos. Lo que sí exigimos es que las autoridades garanticen plenamente su integridad física y el respeto al debido proceso.

Y hablando de autoridades…

Hay quienes aseguran que la reforma policial ha sido un éxito rotundo. Desde esta tribuna les abrimos las puertas para que expongan sus argumentos. Los publicaremos íntegramente. Pero también ejerceremos nuestro derecho a responder. Porque la percepción ciudadana parece contar una historia muy distinta.

Persisten las denuncias sobre inseguridad, abusos policiales, escándalos de corrupción, asaltos y hechos violentos. La población sigue preguntándose dónde están los resultados prometidos después de años de anuncios, inversiones y reformas.

Y seguimos con la PN. Fuentes vinculadas a la institución aseguran que los cambios recientes en la Policía Nacional reflejan la presión interna que existe ante la incapacidad de mostrar mejoras contundentes en materia de seguridad ciudadana.

Y si de problemas hablamos, presidente Abinader, el tránsito merece un capítulo aparte.

Circular por las calles se ha convertido en una prueba diaria de paciencia. Tapones interminables, desorden, imprudencias y una sensación creciente de que nadie tiene el control de la situación. El caos vial se ha transformado en una de las principales fuentes de frustración para los ciudadanos. A eso se suma el elevado costo de los combustibles.

La lógica popular es sencilla: si el petróleo sube, suben los combustibles. Pero cuando el petróleo baja, la población espera que esa reducción también llegue a los surtidores. Y llegamos al tema que más preocupa a miles de familias.

En barrios, colmados, esquinas y centros de trabajo se repite la misma expresión: que el llamado plan anticrisis podría convertirse en un golpe directo al bolsillo de los sectores más vulnerables.

Muchos lo describen como una reforma fiscal disfrazada, diseñada para recaudar más en medio de una economía que ya golpea con fuerza a la clase media y a los pobres. La percepción es clara: mientras los ingresos siguen estancados, los gastos no dejan de subir.

Y mientras el PRM intenta mantener el control de la situación, las quejas se multiplican en todo el país. La inconformidad crece, la paciencia disminuye y las explicaciones oficiales ya no convencen con la misma facilidad de antes.El gobierno aún tiene tiempo para corregir el rumbo. La pregunta es si está dispuesto a escuchar antes de que el descontento termine convirtiéndose en una factura política imposible de pagar.