Paliza se baja, Jottin dispara y el poder se hace el sordo

Buenos días…

El doctor Jottin Cury hijo, uno de los juristas más brillantes que ha pasado por el Tribunal Constitucional, volvió a poner los puntos sobre las íes.

Primero abordó el tema haitiano con una posición que la mayoría de dominicanos comparten: la República Dominicana no puede cargar sobre sus hombros la crisis de Haití. Bastante tiene este país con sus propios problemas como para asumir responsabilidades que corresponden a la comunidad internacional.

Pero Jottin fue más lejos. Cuestionó el acuerdo mediante el cual el país recibiría deportados procedentes de Estados Unidos, que no son ciudadanos dominicanos. Su planteamiento fue directo: República Dominicana debe recibir a sus nacionales, no convertirse en depósito de extranjeros expulsados de otras naciones.

Y la pregunta es válida. Si la inseguridad preocupa a miles de dominicanos, ¿qué sentido tendría importar problemas ajenos?

El país necesita fortalecer sus controles migratorios, no complicar aún más una situación ya bastante delicada.

Mientras tanto, el ministro José Ignacio Paliza escuchó el rugido de las bases del PRM y anunció que la renovación de las autoridades de esa organización será el próximo 4 de septiembre. De paso, informó que no buscará continuar al frente del partido.

La realidad es que muchos dirigentes perciben que la relación entre la cúpula y las bases del PRM atraviesa momentos de tensión. Hay militantes que sienten que fueron buenos para ganar elecciones, pero no para participar en los beneficios del poder.

Y sobre la decisión de Paliza, más de uno en el partido interpreta que detrás de ella hay una realidad política imposible de ignorar, el liderazgo interno gira cada vez más alrededor del presidente Luis Abinader.

Por eso algunos entienden que la lucha por la presidencia del PRM apenas comienza.

Ahora bien, donde el panorama se complicaría seriamente sería si algún sector intentara reabrir el debate sobre una nueva modificación constitucional para habilitar otra repostulación presidencial.

Ese escenario encontraría resistencias dentro y fuera del oficialismo.

En otro frente, resulta curioso observar el silencio selectivo de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos.

Hay sectores que denuncian con rapidez determinadas operaciones contra estructuras criminales en distintas partes del mundo, pero guardan una prudente distancia cuando se trata de los miles de muertos y desplazados que ha dejado la guerra en Gaza.

La defensa de los derechos humanos debería ser universal o simplemente deja de ser creíble.

Y hablando de temas delicados, si el nuevo Código Penal se aplica con el mismo rigor con que fue anunciado, más de un funcionario podría tener dificultades para dormir.

Se comenta que existen numerosas sentencias judiciales pendientes de ejecución, incluyendo decisiones emanadas de altas cortes.

La ley debe ser para todos. No puede convertirse en un garrote para unos y una sombrilla protectora para otros.

Por otro lado, continúan las denuncias sobre presuntos abusos durante operativos migratorios. Ciudadanos afirman que en ocasiones personas dominicanas son confundidas con extranjeros indocumentados y enfrentan dificultades para demostrar su condición.

Si existen excesos, deben ser investigados. La defensa de la soberanía no puede implicar la vulneración de derechos fundamentales.

La ingratitud también parece haberse instalado en la política dominicana.

Pocos recuerdan hoy que durante décadas Venezuela abrió sus puertas a miles de dominicanos, brindó respaldo político a importantes luchas democráticas y fue un aliado fundamental de figuras históricas como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y numerosos dirigentes que enfrentaron momentos difíciles en la vida nacional.

Muchos dominicanos residentes en Venezuela recuerdan todavía esa solidaridad.

Por eso consideran que el país tiene una deuda moral con quienes en tiempos complejos extendieron una mano amiga.

También llaman la atención sobre la situación de miles de venezolanos que han llegado a territorio dominicano huyendo de la crisis económica y política de su nación.

Las quejas apuntan a trámites costosos, procesos burocráticos interminables y condiciones migratorias que dificultan su integración.

Si existen irregularidades o redes que se aprovechan de la necesidad de estas personas, corresponde a las autoridades investigarlas y actuar con firmeza.

Porque una nación no se mide solamente por la fuerza con que defiende sus fronteras. También se mide por la memoria que conserva y la gratitud que practica.