OPINION

Cámara de Cuentas: ¿vigilante o espectadora?

 

  El pueblo la define de cómplice  

Nació para vigilar el dinero del pueblo, pero su inacción la ha colocado en el banquillo de la opinión pública, donde muchos la señalan como cómplice del despilfarro y la impunidad.

I – SU HISTORIA

La idea de fiscalizar al que maneja el dinero público no es nueva. Nace en la Edad Media. En Venecia y en los Estados Pontificios se creó la Cámara Apostólica para cuidar el tesoro.

En Francia, durante la Monarquía había doce Tribunales de Cuentas. Fue Napoleón quien en 1807 le da forma moderna con la Cour des Comptes. De ahí copia el mundo.

España hizo lo mismo. Felipe V reorganiza en 1701 la Contaduría Mayor de Cuentas. Y para América, el Rey Felipe III ordena el 24 de agosto de 1606 la creación de tres Tribunales de Cuentas en México, Lima y Santa Fe para controlar el oro de las colonias.

En República Dominicana, sus orígenes vienen desde la Primera Constitución del 6 de noviembre de 1844. No había Cámara de Cuentas como tal, pero sí se establecía un Consejo Administrativo compuesto de funcionarios encargados de verificar anualmente las cuentas generales e informar al Congreso Nacional.

Es en la Constitución de Moca, del 27 de febrero de 1854, donde se consagra por primera vez en su artículo 127 el establecimiento de una Cámara de Cuentas permanente.

El 22 de mayo de 1855 el Senado Consultor vota la Ley Núm. 388 que crea la Cámara de Cuentas, y el 1 de octubre de 1858 el General Pedro Santana emite el Decreto Núm. 568 que la pone en vigor.

La Ley Núm. 3659 del 27 de junio de 1896 la crea de nuevo, y se mantiene intacta hasta 1928 cuando la Ley Núm. 950 la maniata, quitándole el poder de perseguir directamente las acciones en contra del erario. Hoy, con la Ley 10-04, es el órgano superior de control y auditoría. En teoría, la guardiana de los recursos. En la práctica, la Cámara de Cuentos.

II – LA INOPERANCIA Y EL ROBO EN LOS MUNICIPIOS Y EN EL ESTADO

Mientras la Cámara de Cuentas cuenta cuentos, los ayuntamientos y las instituciones roban a dos manos.

1. La Romana y los municipios: El Ayuntamiento de La Romana período 2013-2016 fue auditado y el informe se publicó el 15 de octubre de 2025, casi 10 años después. ¿Para qué sirve eso? Para nada.

Lo que pasa en La Romana pasa en todo el país. La propia presidenta Emma Polanco admitió que en los ayuntamientos se encuentra de todo, falta de controles administrativos y construcciones sin seguimiento. Solo en Santiago, ocho de los 10 ayuntamientos y cinco juntas distritales están intervenidos tras 25 denuncias ciudadanas.

2. Otros organismos del Estado: No es solo en los ayuntamientos. En la propia Cámara de Diputados se han denunciado malos manejos de cofrecitos, barrilitos, exoneraciones, nominillas y viáticos sin justificar.

Y en instituciones como la Policía Nacional, las auditorías revelan desfalcos y robos millonarios. Combustible que desaparece, raciones fantasmas, compras sobrevaluadas, descuentos irregulares en nómina.

3. ¿Por qué nunca veían nada? Porque la propia Cámara estaba en el negocio. El Ministerio Público estableció que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios. La investigación es por asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.

La que debía auditar el robo, era parte del robo. Por eso el pueblo la define de cómplice.

Ahora están enviando auditorías atrasadas de 10 años, de 2013 a 2023. Llegan tarde, cuando el dinero ya está enterrado en fincas, plazas, edificios y cuentas bancarias.

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