Venezuela y los miles de presos políticos
Por Antonio Ledezma
Hablar de presos políticos, amnistías o liberaciones en la Venezuela actual es un profundo contrasentido en un territorio donde las cárceles operan bajo un patrón sistemático de tortura, cientos de ciudadanos permanecen tras las rejas por motivos de conciencia y la persecución se ejecuta mediante la perversa “puerta giratoria”: mientras unos pocos escapan al cautiverio bajo condicionamientos extremos, nuevos disidentes son encarcelados para mantener las cuotas de control que la dictadura exige para perpetuarse.
Esta realidad no es fortuita. Es el resultado de un proceso de erosión democrática que acumula casi tres décadas. Su origen se remonta al ascenso de Hugo Chávez, quien inauguró una era de polarización al dividir intencionalmente a la nación entre ricos y pobres, oligarcas y revolucionarios, dinamitando los puentes de cohesión social. Lo que comenzó como confrontación verbal se codificó con los años en instrumentos punitivos como la “Ley contra el Odio”, diseñada no para pacificar, sino para criminalizar cualquier atisbo de disidencia.
Para consolidar esta estructura de sumisión, el régimen promovió la tesis de una “revolución armada”, justificando grupos de vigilancia y choque a imagen de los comités cubanos. La metamorfosis de estas estructuras refleja la profundización del control social: nacieron como círculos bolivarianos, evolucionaron hacia los colectivos y finalmente se integraron a las milicias. Estas organizaciones actúan como tenazas paraestatales, garantizando el sometimiento en las calles mediante la violencia y el espionaje comunitario.
Hoy, la auditoría de la represión documentada por la ONG Foro Penal exponen cifras innegables: 391 prisioneros políticos (228 civiles y 163 militares), además de 40 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad. A este horror se suma la muerte acumulada desde 2014 de 27 presos políticos bajo custodia del Estado, víctimas de torturas, tratos crueles, desnutrición y denegación de atención médica.
Sin embargo, el universo de las víctimas rebasa los muros carcelarios. Existe una masa silenciosa de más de 11.000 venezolanos sometidos a medidas restrictivas —como prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante juzgados—, unida a los millones forzados al destierro bajo el temor fundado de sufrir represalias al regresar.
Este esquema genera una desprotección jurídica total. Los ciudadanos enfrentan expedientes fabricados con pruebas falsas, convalidados por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, reduciendo el sistema de justicia a un apéndice del régimen. Quienes permanecen bajo medidas cautelares viven en constante zozobra ante jueces militantes, viendo mutilada su vida profesional y económica por la extorsión institucional.
Para ampliar el contexto periodístico sobre el reporte de las cifras de detenidos en Venezuela, este reporte en video aborda la actualización constante del balance de prisioneros de conciencia: Balance de presos políticos de Foro Penal.
