Abinader cambia el Gobierno, pero no las razones del descontento

Por Margarita de la Rosa

Los recientes movimientos realizados por el presidente Luis Abinader en distintas estructuras del Estado pueden interpretarse como parte de un intento por imprimir nuevos bríos a una administración que llega a esta etapa de su segundo mandato enfrentando un creciente malestar ciudadano.

Pero cambiar funcionarios no basta. Cambiar funcionarios, renovar equipos, introducir modificaciones en instituciones y mover piezas dentro de las estructuras gubernamentales constituye una facultad legítima del Presidente.

Políticamente, además, puede enviar el mensaje de que se han escuchado las críticas y de que existe voluntad de corregir aquello que no está funcionando.

Pero ahí comienza la contradicción.

Porque ningún cambio de nombres será suficiente si las decisiones políticas que acompañan esas transformaciones terminan generando nuevos focos de rechazo.

El Gobierno enfrenta una realidad que difícilmente puede ocultarse detrás de decretos y designaciones.

El costo de la vida continúa golpeando duramente a las familias. Los alimentos consumen una parte cada vez más importante de los ingresos. Persisten serios cuestionamientos sobre servicios esenciales como electricidad y agua, y la inseguridad ciudadana continúa figurando entre las grandes preocupaciones de la población.

A eso agreguemos algo que se percibe diariamente: un creciente desorden social y urbano. Ruido, ocupación de espacios públicos, irrespeto a normas elementales de convivencia y una sensación de falta de autoridad forman parte de las quejas cotidianas.

Hay una ciudadanía cansada de reclamar.

Y esa inconformidad ha encontrado en las redes sociales, programas de opinión, plataformas digitales y medios de comunicación un enorme espacio de expresión.

Por eso considero que los recientes movimientos gubernamentales también deben ser observados desde una perspectiva política.

Aunque Luis Abinader no podrá aspirar nuevamente a la Presidencia en 2028, resulta natural que procure entregar el poder a un candidato de su propio Partido Revolucionario Moderno, pero el desempeño de su Gobierno inevitablemente pesará sobre las posibilidades electorales del PRM.

De ahí que cualquier esfuerzo por recuperar confianza debería guardar coherencia con las decisiones adoptadas en otras áreas.

Y es precisamente ahí donde encuentro una profunda incongruencia.

Mientras por un lado se intenta proyectar renovación, por otro el Gobierno adopta decisiones capaces de provocar rechazo en sectores que históricamente han defendido determinadas posiciones de política exterior dominicana.

El reciente episodio relacionado con los funcionarios diplomáticos cubanos constituye un ejemplo.

Pero no puede analizarse aisladamente.

Antes estuvo la decisión dominicana de facilitar infraestructura aeroportuaria en el contexto de las operaciones estadounidenses vinculadas a la crisis venezolana, una actuación que también generó cuestionamientos y que yo misma critiqué públicamente.

Cuando esos acontecimientos comienzan a concatenarse, la pregunta resulta inevitable: ¿estamos ante decisiones circunstanciales e independientes o frente a una orientación cada vez más definida de la política exterior dominicana hacia los intereses de Washington?

En el debate público han comenzado a utilizarse palabras muy fuertes para describir esa relación: subordinación, servilismo, vasallaje y hasta una política genuflexa frente a Estados Unidos.

Son expresiones severas.

Pero están ahí.

Basta recorrer las redes sociales, escuchar comentaristas, leer artículos de opinión y observar las reacciones que generan estos temas para comprobar que existe un sector de la sociedad dominicana que percibe un alineamiento excesivo del Gobierno con Washington.

Y esa percepción también tiene un costo político.

Particularmente cuando las decisiones involucran a Cuba y Venezuela, dos pueblos con los cuales República Dominicana mantiene profundos vínculos históricos de amistad y solidaridad.

Eso no significa que debamos respaldar incondicionalmente a sus gobiernos.

Podemos cuestionar el modelo político cubano, reclamar transformaciones, apertura y modernización. Podemos criticar las actuaciones de cualquier gobierno venezolano. Ningún gobierno está exento de cuestionamientos.

Pero una cosa es cuestionar y otra muy distinta contribuir a que desde el exterior se determine el destino político de un pueblo.

Los gobiernos deben cambiarlos sus pueblos. No una potencia extranjera.
No mediante intervenciones militares.

No mediante presiones destinadas a crear condiciones económicas y sociales insoportables para después presentar el sufrimiento de la población como demostración del fracaso del adversario.