Por Augusto Álvarez

En realidad, cuando a una persona de un barrio se le exige un documento que certifique que no es delincuente, ¿no estamos ante una vergonzante forma de criminalizar a los sectores marginados?

Incluso, si se adentra en la Administración Pública, encontrará casos de personas con expedientes y serios cuestionamientos que, aunque ejercen funciones en el Estado, permanecen allí sin que la justicia parezca siquiera olfatear sus hojas de vida.

Por ejemplo, si una persona desea viajar a Estados Unidos, debe demostrar, entre otros requisitos, que no ha tenido determinados problemas con la ley. Naturalmente, nos referimos al ciudadano de a pie, sin militancia política ni arraigo en las estructuras del poder, porque las organizaciones políticas suelen facilitar o validar determinadas documentaciones a través de la Cancillería.

¿Es posible encontrar en cargos importantes a personajes con grandes manchas y cuestionamientos de carácter delictivo? ¿Pueden ocupar posiciones en el servicio público y, eventualmente, representar al Estado en el exterior?

Entonces, ante semejante escenario, y partiendo de que existen funcionarios con hojas de servicio cuestionadas por presuntos actos de corrupción, surge una pregunta inevitable:

¿Cuál debe ser su futuro ante la justicia?

Porque si el certificado de “buena conducta” es una exigencia para los de abajo, también debería existir un verdadero escrutinio de la conducta y los antecedentes de quienes ocupan posiciones de poder.

La ley no puede tener una vara para el ciudadano común y otra para quienes llegan a las oficinas del Estado.